El uso de sustancias estimulantes, psicotrópicas o relajantes, existe desde tiempos remotos, ya sea con fines rituales, lúdicos o medicinales. En todas las culturas conocidas ha existido una tradición de su uso, con diversos fines que, en muchas ocasiones ha sido un término indisociable de la propia idiosincrasia de las diversas comunidades. Numerosos ritos religiosos han ido asociados a las drogas, utilizándolas como catalizadores para comunicarse con otras dimensiones, el más allá o las propias deidades.

En la actualidad, el uso indebido de las drogas es uno de los mayores problemas que azotan a la sociedad, pues muchas de ellas que comenzaron siendo legales, o creadas para fines médicos, se han convertido en verdaderas plagas para generaciones enteras.

En este Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se exhorta a los países y a las comunidades a que sigan mejorando la vida de todas las personas afectadas por el abuso de drogas combinando la protección y la seguridad pública con un mayor hincapié en la salud, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

El propósito es la de motivar a los gobiernos y a la población para que tomen acciones que tiendan a contrarrestar el uso indebido y tráfico de drogas. Al mismo tiempo, se hace necesario el desarrollo de estrategias pedagógicas que apunten a lograr políticas preventivas que enseñen a los jóvenes que estén más propensos sobre los cuidados y consecuencias del consumo de drogas.

Actualmente existe un fuerte consenso de que el consumo de drogas no es un asunto de índole penal, sino social y de salud, sin embargo, a pesar de ello, las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente prohibitivas y represivas, de tal forma que los Estados abordan el fenómeno del consumo de drogas a través de las instituciones penales, y no de las de salud. Incluso en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia las personas usuarias de drogas ilícitas.

El tratamiento del consumo de drogas por la vía penal resulta problemático por varias razones. Primero, porque las respuestas que criminalizan a los usuarios de drogas frecuentemente resultan más nocivas para el bienestar de los propios afectados y no son útiles en términos de disminuir los índices de consumo. Segundo, la respuesta penal contribuye a generar un ambiente de estigmatización y discriminación hacia los usuarios, lo que repercute negativamente en su posibilidad de ser considerados de forma imparcial por policías y por el sistema judicial, impidiéndoles buscar ayuda médica cuando la necesitan. Tercero, la criminalización por el uso ilícito representa una medida poco eficiente y racional de los recursos públicos destinados tanto a la seguridad ciudadana como al sector salud, pues se trata de recursos que podrían ser utilizados para prevenir delitos y/o atender problemas de dependencia. Finalmente, esta forma de abordar el consumo -a través del sistema penal- termina por vulnerar distintos derechos fundamentales de las personas como son el derecho a la salud, a la información, a la autonomía personal, a la libre determinación, entre otros. Todo ello, viola diversas normas nacionales e internacionales de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir. Considerando que la prevención es más prioritaria que la penalización la estrategia a seguir nos debiera impulsar más a “acompañar” que a “castigar”.

Algunas recomendaciones

• Los consumidores de sustancias de uso ilícito deben ser reconocidos como sujetos de derechos, los que incluyen a: la salud, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación y el derecho al debido proceso.
• El consumo es un tema social y de salud que requiere políticas públicas no represivas. El derecho penal nunca debe ser empleado en casos de consumo y posesión simple o como excusa para proteger la salud.
• Los Estados deben reorientar las prioridades de sus políticas de drogas, poniendo mucho más énfasis en los servicios de salud y programas de educación.
• La iniciativa de Uruguay de creación mercados legales y regulados de cannabis merece apoyo internacional y regional. Se deben promover iniciativas similares, incluyendo clubes de cannabis, en otros países o locales como existe en los estados de Colorado y Washington en los EEUU.
• Los Estados deben establecer e implementar políticas públicas sociales y de salud inclusivas, basadas en evidencia científica y respetando los derechos humanos, a través del aumento presupuestario, ofrecimiento de servicios públicos accesibles y de buena calidad, capacidad de monitoreo y evaluación periódica del cumplimiento de las políticas y de sus resultados.
• Los Estados deben brindar información a los usuarios sobre los potenciales daños del consumo de drogas legales e ilegales, medidas para mitigar los riesgos de su uso, y sobre los tratamientos disponibles en el caso de requerirlos.
• No se pueden forzar los tratamientos. En casos extremos donde la internación pueda ser recomendable, la intervención del Estado debe basarse en dos principios: el consentimiento informado, y la internación como último recurso, observando siempre de forma estricta, las garantías individuales.

Fuente:

National Geographic: http://nationalgeographic.es/

Colectivo de Estudios Drogas y Derechos: http://www.drogasyderecho.org